El movimiento del 15-M, que comenzó como una rebelión cívica contra las carencias de nuestra política, degeneró lamentablemente cuando se trató de poner el cascabel al gato. Las esperadas propuestas que debían partir de ese movimiento tardaron en salir, lo cual no es un problema importante en si mismo pero, cuando por fin salieron, consistieron únicamente en una larga lista de lo que parecían principalmente recomendaciones voluntaristas sobre como gastar un supesto dinero público adicional, en realidad inexistente.
Se perdió pues entonces la oportunidad de promover propuestas políticas con factibilidad real, o incluso propuestas económicas, siempre que llevasen aparejada la explicación sobre la forma de obtener los recursos necesarios.
Opereta indignata
Al poco tiempo, un partido político, el PSOE, con el evidente apoyo de sus terminales mediáticas, hizo escaso esfuerzo por ocultar su disposición a colocarse como “representante” del movimiento (tal vez por interés electoral), lo cual dio lugar a una antiestética pugna con otro partido, IU, que se veía investido con derecho divinamente concedido para obtener a tal privilegio.
Y así siguió la cosa degenerando hasta esta semana, cuando el ministerio de Interior, dirigido por Antonio Camacho, con la excusa de forzar (finalmente, al cabo de 3 meses) la expulsión de los indignados de sus pintorescos campamentos (que habían empezado a colonizar otras arterias madrileñas más allá de su emplazamiento original en la Puerta del Sol, a la vista de la pasividad policial), no tuvo mejor ocurrencia que montar un correquetepillo entre los pocos cientos de indignados residuales (no nos referimos a su aspecto) y otros tantos policías, estos últimos desarmados y con intrucciones de no detener a nadie, por si se ofendiera.
Total, otra oportunidad perdida. Porque la regeneración política española todavía está pendiente, no os engañéis, pero claramente los indignados parecen más un rebaño de lunáticos infraocupados que una respuesta útil a las necesidades reales de un país que trabaja, produce, cuida enfermos y sale adelante todos los días. Ved si no el caso de Moratalla, localidad de 8.000 habitiantes en la Región de Murcia.
Financiación partidista
Contextualizamos el caso con algunas observaciones previas, empezando por enunciar que el PSOE tiene una reputación como gestor de la cosa pública mejorable, por decirlo suavemente. Y puede que la raíz del problema tenga una componente estructural.
El partido solo tiene 200.000 militantes de pago, contra los casi 800.000 del PP, y a pesar de ello gasta más dinero que sus rivales en cada campaña electoral, año tras año. Sin entrar en más detalles, las maniobras que ese partido ejecuta para asegurara la financiación de esa abismal diferencia de recursos son una caja de sorpresas (ya sabéis).
Tal vez (o tal vez no, cucú) ese sea el motivo por el cual el PSOE parece tan indulgente con aquellos de sus miembros que resultan pillados con la mano en la caja. El ejemplo más sangrante es el de Josep María Salas, ex-presidiario por causa de corrupción, y que sin cortarse por ello pertenece a la ejecutiva del PSC catalán, donde para mayor pitorreo es el responsable de formación de los cuadros del partido (no es broma).
O más recientemente en Madrid, el caso de Maru Menéndez, la recién aupada a senadora por el PSM, cuando toda la prensa ha publicado ya que su pareja (no están casados), el también socialista practicante Félix Palomo (no es broma, se llama así de verdad) está procesado tras ser grabado por la policía cuando admitía que se apropiaba de los locales comerciales de las cooperativas de vivienda sindicalistas.
Moratalla arruinada
Eso es en general. Sin embargo, hay veces que hay que hacer un punto y aparte, cuando la cosa ya pasa de castaño oscuro. Como en el caso de Moratalla.
El PSOE, que cogió el gobierno municipal en 2007, con una deuda de 9 MEUR hace 4 años (1.100 EUR por habitante), ha dejado otra de 29 MEUR ahora (3.500 EUR por habitante). En otras palabras, el PSOE se ha gastado cada mes 50 MEUR por habitante (o lo que es lo mismo, 200 EUR mensuales por familia de 4 personas) más de lo que ingresaba.
¿Os imagináis como estaríais vosotros si gastáseis 200 EUR más de lo que ingresáis cada mes, de forma sistemática? Bueno, pues ahora pensad que eso es lo que ha sucedido a los habitantes de Moratalla, solo que el atracón de gambas se lo ha pegado el gobierno municipal.
Y añadimos otro dato, para terminar de contextualizar la bestialidad de Moratalla. El ayuntamiento de Moratalla, tiene 7 MEUR de ingresos anuales (entre impuestos municipales, transferencias que recibe del Estado y unas pocas rentas patrimoniales). Pues bien, sobre esos 7 MEUR, el alcalde del PSOE de Moratalla, Juan Llorente, endeudó al ayuntamiento en 5 MEUR adicionales cada año, es decir, ingresaba 7 MEUR y gastaba 12. Así un año, y luego otro, y otro... hasta que pudo.
Más datos: a la vista de la situación financiera del municipio, el alcalde Juan Llorente decidió subirse el sueldo el 10% en 2010. Recuerdo a los más despistados que ese fue justamente el año en el cual el gobierno recortó los sueldos de los funcionarios el 5%, supuestamente porque no se podía pagar más. Como anécdota, os trasladamos que la subida de sueldo se aprobó aprovechando que un concejal de IU había dimitido, y su sustituto todavía no estaba activo, y gracias al voto de calidad del alcalde. Todo brillante, como veis.
Pitorreo electoral
Bien, pues así llegamos a 2011. Como sería la situación, que el Ayuntamiento saliente ni siquiera se molestó en pagar a los funcionarios la nómina que caía justo después de las elecciones, la de Mayo de 2011, aunque el gobierno municipal todavía era socialista porque el nuevo alcalde, del PP, todavía no había tomado el poder. Ahora pensadlo un poco. ¿Cuantos de vosotros creéis que el alcalde socialista de Moratalla; Juan Llorente, no sabía durante la campaña electoral que no iba a tener dinero para pagar los sueldos de Mayo?
Incluso ahora que se ha revelado públicamente la escala de sus fechorías, el PSOE sigue apoyando la gestón de Juan Llorente en Moratalla. O al menos eso parece, porque no hay noticias de que tengan la intención de expedientar y expulsar al mítico alcalde (es de suponer que ellos sabrán muy bien por qué motivo).
Pasando de castaño oscuro
Ahora vamos a explicar por qué dedicamos un artículo a Juan Llorente. Un alcalde, o un político cualquiera, puede equivocarse en su gestión, por supuesto. Y dado que eso es así, estamos expuestos a que algunos políticos desaprensivos camuflen conductas punibles como errores de gestión, ya que es difícil establecer cuando ciertas decisiones se toman con pleno conocimiento del daño que van a causar, por causas espurias.
Bien, pues eso es una cosa, y otra que en un caso flagrante, como es el de Moratalla, pueda ampliarse todavía más el concepto de error de gestión para justificar la grave conducta del señor Llorente. Ya sabéis que nos gusta mojarnos: no es posible entender que se trata de meros errores. Es un claro abuso.
Límites superados
Los gobiernos municipales pueden gestionar los recursos de sus ayuntamientos dentro del perídodo mandato democrático con el que han sido investidos, y no más allá. Mientras que es razonable que un gobierno municipal pueda endeudarse, y comprometer por lo tanto las finanzas municipales más allá de su mandato, para financiar inversiones públicas, existen límites claros a cuando el endeudamiento se converte en un abuso.
El primero es que el endeudamiento debe ser públicamente conocido. El ocultamiento de la deuda es una flagrante falsedad en la información pública, ante la cual cabe exigir responsabilidades penales.
El segundo es que efectivamente se hayan acometido inversiones reales con la totalidad del producto del endeudamiento, lo cual en el caso de Moratalla no se dio, puesto que se financiaron gastos como, entre otros, el recién subido sueldo del alcalde. Debe, en nuestra opinión, investigarse igualmente si esta conducta genera responsabilidades penales de abuso de autoridad, puesto que compromete el mandato democrático de los siguientes gobiernos municipales.
Vamos a ser más claros. Hasta ahora, los responsables políticos municipales solo han temido la cárcel cuando se han dado casos de corrupción. Aunque no se excluye este hecho en Moratalla (el bueno de Juan Llorente sospechosamente tomó para si mismo la consejería de Urbanismo, junto con la alcaldía), no es eso de lo que hablamos.
Incluso si no hubiera habido corrupción alguna, el flagrante abuso que supone gastar con total desapego por la realidad de los ingresos municipales, arruinando así al municipio y comprometiendo por lo tanto el futuro bienestar de los vecinos, debe ser atacado por todos los medios legales disponibles. En otras palabras, no es la corrupción, es el abuso evidente.
Credibilidad perdida
Y que nadie crea que todo sale gratis a los contribuyentes del país. Si la crisis financiera que vive el Estado en España ha demostrado algo, es que no hace falta que tenga mucha deuda para que los prestamistas duden de que vaya a devolverla, sino que es suficiente con que sus políticos no sean creíbles.
La deuda estatal de España, equivalente al 60% del PIB, devenga una prima de riesgo mayor que la italiana o la belga, que superan el 100% de sus respectivos PIBs. Y hablamos del país de Berlusconi (sin más comentarios) y de otro país, Bélgica, que ha batido el record mundial de días sin gobierno. Bueno, pues el gobierno de España paga más prima de riesgo que los otros dos, y está claro que no es porque tenga más deuda.
Limpiando con lejía
La experiencia demuestra que el normal juego electoral es insuficiente para atajar estos abusos, puesto que cada vez son más flagrantes. Si lo pensáis, esto es lógico, puesto que los electores de Moratalla votaron el 22 de Mayo pasado sin tener datos sobre el estado real de las finanzas municipales. De modo que el remedio debe venir por otras vías, igualmente democráticas, pero no únicamente electorales.
Para reestablecer las credenciales de la política de España, deben tomarse medidas ya, y en dos frentes. En primer lugar, deben utizarse todos los recursos legales para investigar a fondo las responsabilidades penales de los implicados en lo que parecen abusos de poder, empezando por Moratalla. Ese es un esfuerzo en el cual deben participar todos los poderes públicos, y no solo el gobierno municipal entrante, a quien podría achacarse sesgo de parte.
En segundo lugar (pero únicamente en segundo lugar) debe cambiar la ley, para definir claramente las responsabilidades penales por abuso de autoridad financiera sobre la cosa publica. Una ley clara, bien cortada, y hecha con el máximo consenso posible.
Y nos vais a permitir que hagamos una matización. El “máximo consenso posible” significa justo eso, el máximo posible, pero no más. Si resultase evidente que no es posible alcanzar consenso entre todos los partidos, este tipo de medidas no deben caer rehenes de quienes decidan bloquearlas. Por el contrario, el asunto debería entonces escalarse, y la aprobación de una ley como la descrita debería elevarse hasta lo más alto de la agenda política, incluso hasta el punto de ser objeto de referndum, o de anticipación de las elecciones generales si fuera preciso.
Cuando los españoles nos dimos una constitución razonable en 1978, las cortes constituyentes tuvieron el éxito de conseguir crear una estructura política básica suficiente, de lo cual difícillmente podremos estar bastante agradecidos los beneficiarios. Sin embargo, no creáis que el proceso constituyente, que empezó con tan buen pié, terminó allí. Ya veis como no.
Proceder contra el caso más flagrante de España, o hacer de una nueva ley contra el abuso político el centro del debate político avanzan en la gobernanza democrática constitucional. Esas sí son propuestas realistas. No cuestan dinero público significativo. Sí mejorarían la calidad de nuestra democracia.
O sea que, como véis, no hace falta dejarse una cresta (o hacerse unas rastas), y pasarse las vacaciones de verano jugando a polis e indignados, tan divertido como seguro que es. Lo que hace falta es pensar, y luego moverse, hacer país y trabajar. Y hacer una limpieza bien hecha.
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