Mañana se celebran elecciones generales, que en esta ocasión enfrentan a 2 bloques de partidos, en lugar de 2 grandes partidos dominantes como en ocasiones anteriores.
Un escenario político nuevo
Parece razonable esperar que el fin del bipartidismo ponga sobre la mesa la necesidad de pactos, y que los partidos hayan explorado sus opciones en ese sentido. Igualmente, parece lógico que los electores deseen enterarse no sólo de qué defienden los partidos que les piden el voto, sino también qué harían en el probable caso práctico que no contasen con mayoría absoluta en el Congreso para llevar a cabo sus planes en solitario.
¿Cerdo? ¿Qué cerdo?
Un viejo chiste contaba cómo 2 guardias civiles atrapaban a un ladrón que saltaba la tapia de una porqueriza con un cochinillo al hombro. Preguntado el ladrón sobre el escalo, su excusa es que estaba saltando la tapia para atajar camino. Los guardias le preguntan entonces por qué motivo lleva pues un cerdo al hombro. Ante la pregunta, contesta el ladrón: "¿Cerdo? ¿Qué cerdo? ¡Ah! ¡Quita, bicho!".
Ya veis que el ingenio popular lleva décadas encontrando humor en la capacidad de algunos para sostener las mentiras más increíbles incluso ante la evidencia más palmaria. Claro, la cosa tiene menos gracia cuando se percibe que quien miente es un político intentando engañar a los electores.
Haciendo las preguntas
Porque los electores no sólo quieren saber qué harían los políticos en una situación ideal, donde todos gobernarían aumentando el bienestar, la igualdad, la justicia, la libertad y todas las cosas bonitas. De hecho, los electores desean saber qué harán los políticos en la práctica, cuando se enfrenten dentro del mundo real al trabajo por el que efectivamente van a cobrar un sueldo.
En ese sentido, parece evidente que lo primero que hay que averiguar es con quien espera cada uno de ellos pactar una posible acción de gobierno. Sin embargo, aquí nos encontramos con problemas evidentes, porque hay ciertos pactos que son difíciles de explicar para cualquier político. Y sin embargo, también existen.
El presidente socialista Pedro Sánchez, en particular, alcanzó el poder gracias a los separatistas catalanes y vascos. Con ese precedente, parece razonable preguntarse si espera seguir en el mismo lugar con idénticos apoyos.
Negarlo todo
Tan razonable, como que efectivamente Sánchez se ha visto enfrentado repetidamente a esa pregunta.
Los separatistas que apoyan a Sánchez incluyen a personajes como Arnaldo Otegi, que evita cuidadosamente condenar los asesinatos de españoles perpetrados por ETA. Otro de ellos es Quim Torra, quien famosamente describe a los españoles como "bestias con forma humana". Pero además es que todos ellos defienden públicamente como su propio objetivo la maximización del bienestar de sus territorios, dentro de un juego de suma cero donde eso pasa por reducir el del resto de los españoles.
No extraña por lo tanto que Sánchez no se avenga a admitir la existencia de pacto alguno con los separatistas, al menos mientras esté reclamando el voto de esos mismos españoles que son atacados. De hecho, Sánchez ha negado tener pacto alguno con los separatistas.
¿Miente Sánchez?
Si efectivamente tiene pactos ¿cuales son esos pactos?
Y todavía más importante: ¿qué sucederá cuando los ponga en marcha?
Seamos realistas
A la vista de lo importante que será pactar, se requiere cierta ingenuidad para creer que Sánchez haya llegado hasta hoy sin haber explorado esa opción, sin haber tenido contactos con los separatistas (de esos que el diario socialista "El País" suele llamar "discretos"), y sin tener una idea bastante buena de qué tendrá que hacer cuando llegue el caso.
Durante su breve mandato previo a las elecciones, Sánchez ha acercado a numerosos etarras hacia el País Vasco, complaciendo así a Otegi. Igualmente, ha dado órdenes a la abogacía del Estado para que redujera la gravedad de las acusaciones contra los separatistas acusados de la intentona del 1-O, para satisfacción de Quim Torra. Digamos que el precedente apunta más bien hacia la negociación con los separatistas que en sentido contrario.
Como pistas sobre el futuro, Sánchez ha contribuido al blanqueo social de la imagen criminal de Otegi, propiciando que se hiciese una foto cenando alegremente con la responsable del partido socialista en el País Vasco. Además, Sánchez se ha negado públicamente a descartar un eventual indulto a los compañeros de Quim Torra que puedan ser eventualmente condenados por la justicia. De nuevo, la sensación apunta más hacia futuros acuerdos que a enfrentamiento.
A partir de aquí, no vamos a insultar la inteligencia de nuestros lectores con una explicación todavía más larga sobre los motivos para pensar que Sánchez no esté diciendo toda la verdad sobre sus planes con los separatisas.
Quien manda aquí
Pero que haya acuerdos es una cosa positiva ¿no?
Bueno, la entrada de los Ostrogodos en Roma el año 546 fue precedida del acuerdo de los bárbaros con la guarnición isáurica, que les abrió las puertas de la ciudad. El resultado de ese famoso "acuerdo" fue el saqueo de la ciudad, la violación de sus mujeres y la demolición de sus murallas. Si eras romano, ese acuerdo igual no te pareció tan positivo.
Como véis, los acuerdos no son necesariamente buenos, sobre todo para quienes no se enteran de su existencia. Lo importante pues no es tanto que los romanos puedan decidir a quien encomiendan las puertas de su ciudad, sino que sepan que los supuestos guardianes tienen un acuerdo, y que entiendan muy bien en qué consiste dicho acuerdo.
Anatomía de los pactos
El pacto con Otegi y sus amigos es sencillo. Los etarras encarcelados serán trasladados hasta cárceles del País Vasco, la competencia sobre gestión de prisiones será trasladada al gobierno vasco manejado por el PNV, y éste último pondrá en libertad a los etarras de forma más que acelerada.
Con todo lo que pueda decirse del pacto con Otegi, los pactos con Quim Torra y los suyos son todavía mucho peores para los españoles. Consisten en el otorgamiento a los separatistas catalanes de 2 privilegios exclusivos.
Privilegios fiscales
El primero de ellos es la concesión al gobierno separatista de Cataluña de privilegios fiscales idénticos a los otorgados al País Vasco en 1979.
Os recordamos que la situación aquel año era muy distinta, porque ETA mataba a unas 100 personas, y se corría riesgo que guerra civil (en 1981 se produjo de hecho un intento de golpe de Estado). En esa situación, el otorgamiento de privilegios fiscales que más adelante pudieran ser reconducidos pareció una salida razonable, dadas las circunstancias.
Hoy, sin embargo, España es un país fuerte dentro de la OTAN y la UE. No hay terrorismo. Conceder privilegios a una comunidad autónoma rica es simplemente un premio otorgado a cambio de 4 años en La Moncloa.
La concesión de privilegios fiscales al gobierno de Quim Torra exige rodear las limitaciones impuestas por la Constitución de 1978, que limitan esa posibilidad al País Vasco y Navarra, justo para evitar la proliferación de privilegios excluyentes en el futuro.
La forma de rodear la limitación constitucional consiste en el establecimiento de una "agencia tributaria" exclusiva para Cataluña. Tendría sede en Barcelona, y el dominio del idioma catalán a nivel nativo sería imprescindible para ser funcionario. Eso prácticamente garantizaría que la mayor parte de los funcionarios fuesen separatistas, porque estadísticamente el dominio del catalán a nivel nativo es mayor entre ese colectivo.
En teoría, el Estado controlaría el 50% del poder en esa agencia, pero dicho control sería puramente teórico, porque en caso de divergencia habría un empate, y entonces se impondría fácilmente el criterio partidario de los funcionarios mayoritariamente separatistas. Al cabo de un tiempo, el Estado terminaría renunciando a su 50%, y entonces la agencia quedaría totalmente sujeta al control del gobierno separatista de Quim Torra y compañía.
A partir de ese momento, Quim Torra tendría expedita una vía de hecho idéntica a la del País Vasco, que año tras año consigue nuevos privilegios fiscales, tanto que ahora recibe subvenciones desde el resto de España, a pesar de ser una comunidad autónoma más rica que el promedio.
En otras palabras, en la práctica los vascos ricos no sólo no pagan, sin que se quedan parte de la subvención pagada por los madrileños ricos y que iba destinada a los extremeños pobres.
Aunque esto ya viene sucediendo con el País Vasco, ahora también aplicaría a Cataluña, que es 3 veces más grande. El problema para madrileños y extremeños se multiplicará pues por 4 (1 por el País Vasco + 3 por Cataluña).
Privilegios judiciales
El segundo privilegio exclusivo para los separatistas catalanes consiste en la cesión para ellos del control sobre la justicia en Cataluña, mediante la creación del Consejo Judicial de Cataluña.
Hasta ahora, las carreras profesionales de los jueces vienen siendo controladas por el Consejo General del Poder Judicial para toda España. Este organismo ya venía siendo criticado por estar interferido por los partidos políticos.
La iniciativa de trocearlo a nivel autonómico obviamente incrementa la politización, pero tiene la ventaja que ya no habría juez en Cataluña que se atreviera a enfrentarse a los políticos separatistas gobernantes que dominarán el nuevo CJC. Pasados y futuros casos Pujol quedarán pues eficientemente neutralizados.
Consecuencias de los privilegios
En el País Vasco se ha ido haciendo evidente que la única misión
práctica de PNV y Bildu en el Congreso es conseguir la perpetuación (o incluso
el aumento) de los privilegios obtenidos. Esa percepción se ha
convertido crecientemente en un incentivo al voto para estos partidos, que lleva a la paulatina
expulsión de los partidos de ámbito nacional.
Nada hace pensar que en Cataluña será distinto. Sin embargo, los separatistas catalanes manejarán nada menos que 47 diputados, es decir muchos más que el PNV o Bildu. Su peso será indispensable a la hora de elegir a cada futuro presidente de gobierno.
La única forma de revertir los privilegios será mediante la formación de partidos que aspiren declaradamente a acabar con ellos y que, por lo tanto, renuncien a contar con gran apoyo en País Vasco o Cataluña. España quedará pues no sólo dividida entre territorios privilegiados y territorios excluidos, sino también dividida entre partidos con ámbitos geógráficos incompatibles.
¿De verdad?
Durante toda la campaña, Pedro Sánchez parece haber rehuido el debate sobre los privilegios catalanes. La creación de una polémica sobre la tumba de Franco tuvo un inevitable olor a maniobra de distracción.
Cuando Sánchez se ha visto ocasionalmente obligado ha tratar el asunto, como en los debates electorales televisados, se ha limitado a negar pacto alguno (nuestros comentarios anteriores sobre la ingenuidad y la inteligencia de nuestros lectores aplican aquí de nuevo) o, en todo caso, a refugiarse en que no habrá un referéndum de independencia.
La razón es que los privilegios exclusivos previstos no requieren de referéndum de independencia alguno. Pero el socialista Miquel Iceta sí ha defendido públicamente la creación de la agencia tributaria catalana, con el apoyo de Sánchez. Y la creación del Consejo Judicial Catalán ha sido incluida solapadeamente por Sánchez en el programa electoral socialista, oculta dentro de la llamada Declaración de Barcelona.
Consecuencias electorales
En las elecciones de mañana no se disputa una subida o bajada de impuestos. No se decide si habrá o no aborto. No importa dónde esté enterrado Franco. En esta ocasión, se trata de decidir qué bloque gobernará: Pedró Sánchez con los separatistas como hasta ahora, o la oposición.
Uno de los 2 bloques dividirá España entre territorios privilegiados, y territorios excluidos de los privilegios. El otro bloque plantea un futuro con igualdad de derechos y de oportunidades para todos.
Puede que un ladrón al pie de una tapia niegue saber que lleva un cerdo al hombro. Pero esta vez no se trata de ningún chiste. Esta vez sabemos qué estamos decidiendo.
sábado, 27 de abril de 2019
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