El fuego griego era un líquido viscoso que los bizantinos inflamaban y arrojaban contra los navíos enemigos. Al no apagarse ni siquiera bajo el agua, sus consecuencias para el enemigo extranjero eran aterradoras. Aunque hoy son otros los extranjeros que deberían cuidarse del fuego griego, no parece que el terror vaya a ser menor. Y es que hoy finalmente lo vemos claro. Parecería como si se buscase que Grecia impague, para rescatarla justo después.
Fijaos bien. Cuando en otoño de 2009 Grecia “descubrió” (al cambiar de gobierno) que tanto su deuda como su déficit eran mayores de lo hasta entonces publicado, resultó que las nuevas cifras superaban analíticamente el umbral de lo tolerable, y se vio que Grecia no podría pagar sus deudas. Por lo tanto, solo cabía que se las pagásemos los demás (mediante la concesión de créditos que nunca podrían ser devueltos), o que Grecia “reestructurase” su deuda, y que sus acreedores tuviesen que soportar una quita.La inmarcesible Gacetilla cree ahora (hasta hoy no nos habíamos dado cuenta) que entonces se vio que había que ir por el segundo de esos caminos, es decir, puede que se concedan créditos, pero estos se recobrarán, mientras que los acreedores actuales tendrán efectivamente que soportar algo parecido a una quita.
La razón para haber adoptado tal decisión es que así justamente es como está construido el acuerdo que dio origen al Euro. Todos compartimos moneda, pero cada uno es el único responsable de su propia deuda. Y si los prestamistas han sido demasiado generosos con alguien, y le han prestado indebidamente, pues allá ellos.
Hasta aquí, todo parece bastante razonable. El problema es que si el gobierno griego impaga, los bancos griegos, que le tienen prestado mucho dinero, podrían hundirse. Y si los bancos se hundiesen, entonces el país se paralizaría, porque no habría modo de canalizar los pagos que lubrican cualquier economía moderna. De modo que para evitarlo, el gobierno griego se vería forzado a montar un corralito con el cual defender sus bancos. Esto, sin embargo, es ilegal bajo normas de la UE, porque estaría conculcando los derechos de algunos ciudadanos europeos (los acreedores bancarios), los cuales ni siquiera son griegos en su totalidad. Por lo tanto, Grecia se vería forzada abandonar la UE y, como consecuencia, el Euro.
Claro, que si Grecia abandonase el Euro ¿porqué no iba a ser seguida, en este orden, por Portugal, luego España, después Irlanda, luego Italia... y tal vez incluso Francia, ya puestos? Cada vez que los mercados sospechasen haber identificado al siguiente país en la lista para abandonar la moneda única, los depositantes en los bancos del afectado entrarían en pánico a sufrir un corralito, intentarían trasladar masivamente sus depósitos a un país seguro (como Alemania), y provocarían de esa forma ellos mismos que se hiciese necesario montar un corralito. Por lo tanto, que Grecia impagase podría destruir el Euro.
De modo que la solución al problema griego debería pasar por permitir un impago de Grecia, pero manteniendo a salvo el Euro. ¿Y como hacer esto? Pues rompiendo la cadena de consecuencias que hemos descrito en los párrafos anteriores. En particular, salvando a los bancos griegos.
Si estamos pues en lo cierto, y la decisión de dejar que Grecia impague se tomó (en la práctica) al día siguiente de conocer los datos sobre el déficit griego en otoño pasado, entonces hubo que pensar en como salvar a los bancos griegos.
Apuntalamiento bancario
Para empezar, había que fijarse en el calendario. El Estado griego tenía pagos pendientes por importes enormes en Abril y Mayo de 2010, de modo que ese sería el punto en el cual el impago podría producirse con mayor probabilidad. Por lo tanto, se disponía de algo más de 6 meses para ir preparando a los bancos griegos, y ponerlos en condiciones de soportar el shock del eventual impago del Estado.
El objetivo era dejar claro ante los mercados que los bancos griegos no caerán aunque el gobierno de su país impague. Naturalmente, esto no podía hacerse simplemente por la vía de garantizar desde el Banco Central Europeo la deuda de dichos bancos. La razón es que, en tal caso, esos bancos se beneficiarían injustamente de tal garantía a la hora de competir con los de otros países. No solo, sino que además podrían ser utilizados por los políticos griegos para financiar al Estado de aquel país. Por lo tanto, el mensaje que los bancos griegos tienen vida propia, y que pueden seguir operando incluso en caso de impago del Estado de Grecia, debía transmitirse por la vía de los hechos. ¿Y como? Pues desde entonces hasta ahora, el Banco Central Europeo ha hecho dos cosas.
En primer lugar, ha declarado que los bancos griegos podrán canjear los bonos del Estado griego con que cuenten, contra efectivo líquido ante el BCE, incluso si la calidad crediticia de tales bonos se hubiese deteriorado (como parecía probable que ocurriría). En tal caso, el BCE seguiría aceptando los bonos para canje, solo que entregaría a cambio de ellos liquidez por valor de un porcentaje menor del valor nominal de los propios bonos. En otras palabras, contra un bono de 100 EUR, el BCE seguiría dando liquidez, pero tal vez solamente por valor de 70 EUR.
En segundo lugar, el BCE ha demostrado que los bancos griegos podrán seguir accediendo a liquidez genérica del BCE por, básicamente, cualquier importe que pidan. Por lo tanto, los depositantes de esos bancos pueden estar seguros que, aunque otros depositantes retiren su efectivo (¿para llevarlo a Alemania?) antes que ellos mismos, cuando los últimos depositantes quieran retirar sus propios depósitos, podrán seguir haciéndolo igualmente, puesto que los bancos siempre podrán pedir liquidez al BCE para afrontar tales pagos. Y para demostrarlo (por la vía de los hechos), el BCE ha prestado a los bancos griegos nada menos que 25.000 MEUR en el primer trimestre de 2010. Sin pestañear.
Para ganar tiempo mientras se daban los pasos anteriores, la UE (27 países), la Eurozona (16 países) y el BCE han ido dando mensajes de calculada vaguedad a los mercados, que permitiesen evitar que los acontecimientos se precipitasen antes de tiempo, pero que a la vez evitasen asumir un compromiso claro que se evitaría que Grecia impagase. De hecho, se ha ofrecido al gobierno griego un paquete de ayuda muy grande (45.000 MEUR), pero no necesariamente suficiente para evitar el impago. Y entre tanto, los últimos 6 meses se han utilizado para reforzar la estructura institucional de los bancos griegos frente a un impago. Y así hemos llegado a Mayo.
¿Y ahora?
Pues a eso vamos. Ahora, Grecia impagará, si nosotros estamos en lo cierto. O mejor dicho, ahora Grecia “reestructurará” su deuda, es decir, dará a sus acreedores la mala noticia que estos tendrán que avenirse a cobrar en condiciones distintas (y peores, claro) de lo que esperaban. De modo que probablemente se evite el impago formal, pero no la reestructuración, que es percibida en los mercados como un tipo de impago parcial. Esto, a su vez tendría 3 consecuencias para España: se confirma que habrá elecciones generales anticipadas, que no habrá corralito, y que se fijará fecha para el fin de la crisis.
Elecciones, tensión y ETA
En primer lugar, los mercados internacionales van a descubrir (por las malas) que una “reestructuración” de deuda, opción que muchos daban como más propia de Iberoamérica, y muy improbable en la Europa del Euro es, de hecho, un escenario perfectamente plausible para un gobierno de la Eurozona. Naturalmente, eso les va a hacer ser inmediatamente mucho más prudentes respecto a cuanto dinero prestan a los gobiernos de la Eurozona, y a qué precio. En particular, serán más reacios a seguir prestando a los gobiernos más manirrotos, lo cual lleva indefectiblemente a fijarse en el de España.
La presión de los mercados, unida a la que ya venía ejerciendo la UE a nivel político, va a hacer mucho más perentorio que el gobierno de España comience a implantar políticas de austeridad. Hasta ahora, y a pesar de su retórica, y de algunas medidas destinadas a poco más que proporcionar titulares a la prensa, lo cierto es que no ha habido austeridad real. De hecho, durante el primer trimestre de 2010, el gasto del Estado español todavía ha aumentado el 7,5% respecto al mismo período del año anterior.
Por lo tanto, el gobierno ya no tendrá más remedio que empezar a recortar el gasto de forma real. Eso plantea un problema grave, puesto que el actual gobierno español es completamente incapaz de llevar a cabo recorte real alguno. Ello se debe a que todo el juego de lealtades que lo sostiene se alimenta de una sucesión de continuos aumentos de gasto (autonomías, desempleados, sindicatos, actores, funcionarios, asociaciones partidarias, pensionistas). Se trata de gastos que han venido fondeándose a base de un continuo aumento de la deuda, pero los mercados ya no van a prestar más.
Ante esta certeza, el gobierno tendrá una disyuntiva. O bien lanza un programa de recortes de gasto (que desestabilizarán su entramado de lealtades) y nuevos aumentos de impuestos, o bien adelanta las elecciones generales. Como saben bien los lectores más avezados de esta Gacetilla, nuestro escenario central sostiene, desde 2007, que optará por esta segunda vía.
Para ello, el gobierno necesita 2 cosas. En primer lugar, un argumento para justificar el adelanto electoral. No parece probable que vaya a optar por soportar el perjuicio de confesar sinceramente el motivo real para anticipar la consulta, sobre todo por la previsible cadena de preguntas que eso generaría. Por lo tanto, el gobierno provocará un aumento de la tensión política, llevándola hasta el límite de lo tolerable, para después declarar que se adelantan las elecciones con intención de acabar con dicha tensión.
Preparémonos pues para ver como los recientes episodios de ataque al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, a las sedes del PP y los ataques de “antifascistas” a usuarios del metro (como el que filmó recientemente ante una cámara de seguridad del suburbano), que se han venido produciendo recientemente (aunque no todos por orden del gobierno), sean seguidos por otros episodios de similar tenor. Estos consistirán tal vez en la promulgación de legislación abiertamente anticatólica, el atentado contra símbolos franquistas (¿se volará el Valle de los Caídos?), nuevas medidas de imposición de las lenguas autonómicas (¿el veto al castellano en la documentación oficial autonómica?), la exacerbación de los enfrentamientos entre comunidades autónomas (¿una reedición de la guerra del agua?) o el otorgamiento de nuevos y todavía más fluorescentes privilegios a las clases afines, tales como intelectualidad subvencionada o sindicatos de partido.
Esta táctica, además, tendrá la ventaja secundaria para el PSOE de polarizar mucho la cita electoral, lo cual le beneficia, a expensas del voto nacionalista.
En segundo lugar, el gobierno necesita un argumento para ganar las elecciones, y claramente este no va a provenir del lado económico. Políticamente, por lo tanto, el gobierno planteará las elecciones sobre la base de una baza electoral no económica, de la máxima importancia política: el terrorismo, o más concretamente, la perspectiva del fin del terrorismo.
En este sentido, y aun con algunos contratiempos (tales como el extemporáneo asesinato por ETA de un gendarme en Francia, que impidió la de otra forma prevista liberación del dirigente proetarra Arnaldo Otegi), el gobierno ha venido dando los pasos necesarios para colocarse en situación de declarar el fin del terrorismo de ETA, justo antes de las elecciones. Naturalmente, que dicho fin sea real, o se trate de una nueva engañifa etarra, estará abierto a la duda razonable. Pero el gobierno y ETA se preocuparán de dotar a esta medida de elementos simbólicos que le otorguen un aspecto diferente al de anteriores fines del terrorismo.
No habrá corralito
La segunda consecuencia es mucho más afortunada para el país. Si estamos en lo cierto, se aleja el espectro del corralito.
De nuevo, esto se debe a 2 motivos. En primer lugar, es evidente que si la Eurozona y el BCE toman la decisión de dejar caer al Estado griego, pero manteniendo a salvo a los bancos del país, parece lógico suponer que otro tanto sucedería, en su caso, con los de España. No quiere esto decir que ya no caerá ningún banco. De hecho, si el gobierno no consigue fondeo para su gasto, es de suponer que tampoco lo conseguirá para el FROB y que, en ausencia de FROB, se hace mucho más probable que caiga alguna caja de ahorros más. Consultad la lista de cajas en “zona roja” que publicamos en 2008, para saber cuales (había 18, pero desde entonces ya ha caído Caja Castilla – La Mancha, y por lo tanto quedan 17). Pero no habrá un corralito a la argentina, o sea que buenas noticias.
Fin de la crisis
La tercera es que el inicio de un nuevo período legislativo de 4 años tras las elecciones anticipadas, permitirá al gobierno entrante tomar las medidas necesarias para recortar el gasto. Podrá hacerlo contando con tiempo suficiente por delante para superar la correspondiente impopularidad que éstas generarán a corto plazo, y para llegar a la siguiente cita electoral en el momento en cual los beneficios que dichas decisiones comportan sean ya visibles para todos.
Por lo tanto, podemos contar con un período de 18 ó 24 meses tras las elecciones, durante el cual en ambiente económico todavía será muy duro mientras se ejecutan los recortes de gasto. Pero contamos con la ventaja de saber que, una vez acabado ese período, veremos por fin el término de la actual crisis.
¿Cual es el calendario? Pues los lectores de la Gacetilla ya sabéis cual es nuestro escenario central: elecciones generales en otoño de 2011 (quizá 2010, aunque menos probable), 2 años de crisis postelectoral, y recuperación para 2013 (excepto en el mercado inmobiliario, que se retrasará hasta 2015).
De modo que ya sabéis: como de costumbre, podréis estar de acuerdo con nosotros o no, pero no diréis que no nos mojamos (o que cambiamos de opinión cada minuto). Y si tenemos razón, agarraos, que todavía vienen muchas curvas.
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