Hoy hemos sabido que el padre de una de las tres niñas asesinadas en Alcasser (Valencia) en 1992 ha sido condenado a pagar 284.580 EUR. Así, como suena.
Miriam García era una de las tres amigas de 14 años que fueron raptadas el 13 de Noviembre de 1992, para ser torturadas, violadas y finalmente asesinadas.
Fernando García es el padre de Miriam. Ese día él tenía un gripazo considerable y fiebre alta, de modo que se negó a llevar a su hija y a sus amigas a la discoteca, pero permitió a Miriam ir con sus amigas. Esa fue, con toda probabilidad, la peor decisión de su vida.
Los cadáveres de las niñas no aparecieron inmediatamente, sino que Fernando se pasó 75 días de angustia azuzando a la Guardia Civil para que dedicase medios a investigar la desaparición, y no diese el asunto por irresoluble. Para ello, tuvo que acudir a los medios de comunicación, y organizar una "alarma social" por todo lo alto.
Sus esfuerzos se vieron recompensados por el éxito, al menos por el éxito forense, ya que desgraciadamente Miriam y sus amigas aparecieron muertas, como sabemos, en un paraje conocido como La Romana.
Se da la circunstancia que cuando aparecieron las niñas, el entonces Ministro de Interior, José Luis Corcuera, estaba en Valencia, siguiendo este asunto personalmente. Se entrevistó, entre otras personas, con el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Valencia y con los forenses.
El Fiscal Jefe, Enrique Beltrán, ejercitó la potestad que tiene para ello, y se hizo cargo personalmente del caso. Los forenses hicieron su trabajo y se dictó una versión oficial: los delincuentes habituales Miguel Ricart y Antonio Anglés recogieron a las niñas cuando estas hacían autostop, las trasladaron a La Romana, y allí las torturaron, violaron, asesinaron y enterraron.
Hasta aquí todo normal, dentro de la tragedia.
Sin embargo, algunos detalles no teminaban de encajar, y en ello estaban cuando algo sucedió. De pronto, el abogado de Fernando García firmó un consentimiento para el cierre del sumario, sin la aprobación de su cliente. Craso error.
Como consecuencia de ello, Fernando García cambió de abogado y, desde ese momento, tuvo acceso al sumario y, en particular, a los detalles sobre las atrocidades sádicas que los asesinos habían hecho sufrir a Miriam y a sus amigas antes de matarlas.
A partir de aquí, se hizo más apremiante encontrar respuesta a algunos cabos sueltos.
1 - Herramientas de tortura.
Parece que algunas de las torturas pudieron exigir herramientas. Las niñas aparecieron sin algunos dientes. Algún informe forense registraba huesos serrados. En la cabaña de La Romana no había herramientas. Por cierto, que tampoco había rastros de sangre. Se supone que los crímenes se cometieron allí porque apareció un pendiente. ¿Y si lo hubiese plantado alguien allí, durante los 75 días que duró la búsqueda de las niñas?
2 - Otras personas.
En una de sus múltiples declaraciones, Miguel Ricart había dicho que Antonio Anglés y él habían entregado las niñas a otras personas, que él no conocía, pero Anglés sí.
3 - Desaparición de Anglés.
Oportunamente, Anglés había desaparecido. Se especuló con que hubiera muerto en el mar en Irlanda, pero más tarde el análisis del ADN mitocondrial de su supuesto cadáver desmintió esta teoría.
De modo que durante la celebración del juicio, Fernando García siguió agitando a los medios en busca de la verdad. En particular, participó en un programa de la televisión regional de Valencia, durante el cual tuvo comentarios muy duros para con el fiscal Enrique Beltrán, para los forenses y algunas otras personas.
Finalmente, la investigación ha quedado cerrada. Hoy hemos sabido que el fiscal Enrique Beltrán ha conseguido que se impongan 620.000 EUR de indemnizaciones y 23.000 EUR adicionales de multas por injurias a los ofendidos.
Por comparación, la petición de indemnización que el propio Beltrán pidió a favor de las familias de las niñas (recuerdo que éstas fueron secuestradas, torturadas, violadas y asesinadas) habían sido 300.000 EUR. Es lo que se llama "justicia a la Beltrán".
El propio Fernando García tendrá que pagar indemnizaciones por 270.000 EUR, y una multa por 15.000 EUR adicionales. Es de suponer que este coste le impedirá seguir demandando que se averigüe la verdad.
Así funciona la justicia en España.
Por último, una curiosidad. La primera publicación en la versión de internet de El País sobre este asunto decía "Fernando García, el padre de Miriam...". Minutos después, había sido corregida por "Fernando García, padre de una de las tres víctimas..."
O sea que ya no es Miriam. ¿Comprendéis?
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jueves, 11 de junio de 2009
miércoles, 1 de octubre de 2008
Crimen - Menuda justicia.
La "justicia" en España sigue protegiendo al delincuente, y cada vez con menos pudor.
El Ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, que proporciona con puntualidad semanal los datos de muertos por accidentes de tráfico (trágicos pero generalmente favorables por comparación con años anteriores, hay que reconocerlo), se muestra sin embargo incapaz, a 1 de Octubre de 2008, de facilitar los asesinatos de 2007, y eso que se trata de una cifra mucho menor.
Tenemos una porra montada en La Redacción sobre por qué motivo no los facilita.
Pero nos sigue pareciendo un misterio alucinante por qué está en manos de un solo señor (el Ministro) el que los ciudadanos conozcan o dejen de conocer información de tanto interés público como la estadística de asesinatos. Y más teniendo en cuenta que ese señor puede claramente tener interés propio en que la información no llegue a publicarse.
¿Como es que no la publica un organismo independiente, como el INE? ¿Por qué no se encarga a una de las múltiples fundaciones de análisis social con que cuenta el país (posiblemente a través de una licitación competitiva y transparente)?
Bueno, pues os comunicamos que ayer alcanzamos un nivel más alto en la protección del delincuente.
Hasta ahora, y aunque fuera palmariamente falso, se recurría constantemente al bulo de que los delincuentes estaban sueltos porque el Estado de Derecho les garantiza un juicio justo.
Más tarde leemos que hay delincuentes detenidos por decenas de delitos, que son sistemáticamente puestos en libertad tras cada detención. Queda entonces patente que el verdadero motivo del aumento de la delincuencia no la existencia del Estado de Derecho, sino la complicidad de la "justicia" con los malhechores.
Sin embargo, ayer hemos visto como la protección del delincuente avanzaba un paso más y, directamente, prescindía de referencia alguna a grandes ideales (como el Estado de Derecho) para explicar nuevas razones para poner delincuentes en la calle (y en condiciones de cometer nuevos delitos).
La Directora General de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha hablado. La mujer, mano derecha del Ministro Pérez Rubalcaba, ha dicho, con toda su caradura que, ante la escasez de plazas donde mantener a los reos, la justicia debería evitar enviarlos a prisión. Así, como suena.
De esta forma, la señora Gallizo ha desvelado, de forma completamente abierta, que su opinión es que las penas deben graduarse en función de la disponibilidad de celdas. Y que la escasez de celdas es por lo tanto un motivo válido nuevo y flamante para enviar a delincuentes condenados a la calle.
Por supuesto, la señora Gallizo ha acompañado esta propuesta de varias declaraciones de intención, algunas más admirables que otras, pero que no deben distraernos del punto que tratamos: en opinión de la Directora General de Instituciones Penitenciarias, las penas deben modularse en función de la disponibilidad de plazas. Que son escasas. Luego, a pesar de la evidente ola de delincuencia que nos asola, concluye que deben reducirse las penas de carcel a los delincuentes.
¿Representa Gallizo al Gobierno en esta cuestión? Pues de que la señora Gallizo está en absoluta simbiosis con el Ministro Pérez Rubalcaba no hay duda. Nos explicamos.
En 2006, la señora Gallizo ordenó construir un apartamento para su hija, de 27 años de edad, en un espacio destinado a oficinas en la sede de Instituciones Penitenciarias. No existe precedente en Instituciones Penitenciarias de tal cosa. Por si alguien tenía duda, la obra fue pagada con dinero del Ministerio.
La mujer negó haber hecho un apartamento, pero admitió haber acondicionado un "despacho en desuso" de 40 m2 (¡nosotros queremos un despacho así!).
El "acondicionamiento" incluyó la instalación de tabiques, nuevo techo, nueva instalación eléctrica, pintura, e instalación de nuevo baño. No consta si hay o no tele de plasma.
Aparte de que este sea un caso de evidente Zapa-trincamiento, lo que destacamos es, sobre todo, que una vez descubierto el pastel, el Ministro Rubalcaba, lejos de indignarse ante tal exceso, y exigir la dimisión inmediata de la culpable, mantuvo a la señora Gallizo en su puesto.
Y lo hizo porque estaba seguro de no encontrar a otra con tanto grado de afinidad.
Mientras la Gallizo va trincando y proponiendo excarcelar delincuentes con el beneplácito ministerial, Don Juan José Cortés, una de las personas que más ha admirado esta Redacción en 2008, ha vuelto a La Moncloa.
El señor Cortés es el padre de la niña Mari Luz Cortés, asesinada presuntamente (hay que decir "presuntamente" hasta que haya sentencia firme) por un delincuente que debía haber estado en la cárcel, pero que estaba en la calle indebidamente.
Aparentemente, la sentencia firme (nada menos que a 6 años de cárcel) que le condenaba, estaba sin ejecutar por un error judicial. Se trataba de una de las 270.000 sentencias penales penientes de ejecución en España.
No hay errata. 270.000 sentencias penales pendientes. Y los culpables, entre tanto quedan impunes de sus correspondientes delitos penales.
Lejos de perder la calma (cualquiera lo habría hecho), o de recrearse en su desgracia, y con una entereza para la que no cabe causa mejor, el señor Cortés decidió dar un paso al frente. Organizó una caravana para ir pidiendo firmas a favor de la cadena perpetua para los asesinos pederastas, con intención de evitar que otro niño sufra el triste destino de su propia hija.
Señores, todo el mundo en pie. Tenemos un héroe en la sala.
El asesinato de la pequeña Mari Luz había desatado una ola de indignación popular y de solidaridad con Don Juan José Cortés.
El Gobierno empezó a ver que su política penitenciaria, tan bien personificada en la figura de Mercedes Gallizo, estaba abierta a cuestión.
En ese momento, la Vicepresidenta María Teresa Fernández De La Vega se vió impelida a manifestar, ante un nutrido grupo de periodistas, que el "caso Mari Luz" se debía a un "gravísimo error judicial", lo cual justificaba que el Gobierno no quisera cambiar la ley. Ya.
Pero la caravana del señor Cortés seguía recorriendo España y la gente soportaba largas horas de cola para estampar su firma de apoyo en cada ciudad que visitaba.
En medio de aquella ola, el Presidente Zapatero decidió recibir a Don Juan José en La Moncloa, donde este le hizo entrega de más de 500.000 firmas de ciudadanos que apoyaban su iniciativa. También le entregó una foto de Mari Luz, para que pudiera ver de qué niña estaban hablando.
Allí, Zapatero se hizo una foto con Don Juan José, publicada puntualmente por toda la prensa al día siguiente, y asumió el "compromiso serio" para buscar medidas pertinentes.
Bueno, pues eso sucedió el 26 de Mayo de 2008. Han pasado más de 4 meses desde el Zapa-compromiso, y el Gobierno no ha tomado medida alguna.
Como referencia, os recuerdo que desde que se hizo público que los abortorios del Doctor Morín utilizaban máquinas trituradoras de carne para deshacerse de los fetos abortados a través de las alcantarillas (26 de Noviembre de 2007), el Gobierno no tardó ni 3 meses en modificar la ley para que los fetos de incluso 7 meses no fueran considerados "restos humanos" (7 de Marzo de 2008).
Por cierto, y para vuestra mejor comprensión del Zapa-sistema, os incluimos un foto de un feto de 28 semanas, que se puede meter Zapa-legalmente en una picadora de carne.
Y ya que estamos, os aclaramos que se considera que un feto puede vivir fuera del útero a partir de las 24 semanas (por ejemplo, Gran Bretaña cambió su ley en este sentido en el ya remoto 1990).
Finalmente, y por aclararlo expresamente, no nos referimos en este artículo al aborto, que es un asunto muy serio. Nos referimos únicamente al hecho estricto de que el Zapa-gobierno no considera estos fetos como restos humanos, y os damos fotos y datos para que podáis juzgar vosotros mismos si lo son o no.
Bueno, pues volviendo a nuestro asunto, queda demostrado que cuando queremos, en 2 meses y 11 días podemos cambiar la ley. Pero, de alguna forma, el Gobierno ha estimado no posible o no prioritario hacer cambio legislativo alguno que proteja a la siguiente Mari Luz.
Entre tanto, ya se ha decidido la pena a imponer al juez autor del "gravísimo error judicial" (De La Vega dixit) que hizo posible el asesinato: 1.500 eurosde multa.
Es decir, que se ha quedado el juez sin tele de 46 pulgadas. Y como se le despisten 3 más, y maten a 3 niños más, pues se queda también sin Vespa. Toma ya justicia draconiana.
Bueno, pues ha llegado el otoño, y Don Juan José Cortés ha vuelto por Casa Zapa. En esta ocasión ha entregado al Presidente 2.300.000 firmas de españoles.
Zapatero se hizo una foto con Don Juan José, publicada puntualmente por toda la prensa al día siguiente,
¿Alguien quiere apostar sobre qué va a hacer el Zapa-gobierno con las firmas?
El Ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, que proporciona con puntualidad semanal los datos de muertos por accidentes de tráfico (trágicos pero generalmente favorables por comparación con años anteriores, hay que reconocerlo), se muestra sin embargo incapaz, a 1 de Octubre de 2008, de facilitar los asesinatos de 2007, y eso que se trata de una cifra mucho menor.
Tenemos una porra montada en La Redacción sobre por qué motivo no los facilita.
Pero nos sigue pareciendo un misterio alucinante por qué está en manos de un solo señor (el Ministro) el que los ciudadanos conozcan o dejen de conocer información de tanto interés público como la estadística de asesinatos. Y más teniendo en cuenta que ese señor puede claramente tener interés propio en que la información no llegue a publicarse.
¿Como es que no la publica un organismo independiente, como el INE? ¿Por qué no se encarga a una de las múltiples fundaciones de análisis social con que cuenta el país (posiblemente a través de una licitación competitiva y transparente)?
Bueno, pues os comunicamos que ayer alcanzamos un nivel más alto en la protección del delincuente.
Hasta ahora, y aunque fuera palmariamente falso, se recurría constantemente al bulo de que los delincuentes estaban sueltos porque el Estado de Derecho les garantiza un juicio justo.
Más tarde leemos que hay delincuentes detenidos por decenas de delitos, que son sistemáticamente puestos en libertad tras cada detención. Queda entonces patente que el verdadero motivo del aumento de la delincuencia no la existencia del Estado de Derecho, sino la complicidad de la "justicia" con los malhechores.
Sin embargo, ayer hemos visto como la protección del delincuente avanzaba un paso más y, directamente, prescindía de referencia alguna a grandes ideales (como el Estado de Derecho) para explicar nuevas razones para poner delincuentes en la calle (y en condiciones de cometer nuevos delitos).
La Directora General de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha hablado. La mujer, mano derecha del Ministro Pérez Rubalcaba, ha dicho, con toda su caradura que, ante la escasez de plazas donde mantener a los reos, la justicia debería evitar enviarlos a prisión. Así, como suena.
De esta forma, la señora Gallizo ha desvelado, de forma completamente abierta, que su opinión es que las penas deben graduarse en función de la disponibilidad de celdas. Y que la escasez de celdas es por lo tanto un motivo válido nuevo y flamante para enviar a delincuentes condenados a la calle.
Por supuesto, la señora Gallizo ha acompañado esta propuesta de varias declaraciones de intención, algunas más admirables que otras, pero que no deben distraernos del punto que tratamos: en opinión de la Directora General de Instituciones Penitenciarias, las penas deben modularse en función de la disponibilidad de plazas. Que son escasas. Luego, a pesar de la evidente ola de delincuencia que nos asola, concluye que deben reducirse las penas de carcel a los delincuentes.
¿Representa Gallizo al Gobierno en esta cuestión? Pues de que la señora Gallizo está en absoluta simbiosis con el Ministro Pérez Rubalcaba no hay duda. Nos explicamos.
En 2006, la señora Gallizo ordenó construir un apartamento para su hija, de 27 años de edad, en un espacio destinado a oficinas en la sede de Instituciones Penitenciarias. No existe precedente en Instituciones Penitenciarias de tal cosa. Por si alguien tenía duda, la obra fue pagada con dinero del Ministerio.
La mujer negó haber hecho un apartamento, pero admitió haber acondicionado un "despacho en desuso" de 40 m2 (¡nosotros queremos un despacho así!).
El "acondicionamiento" incluyó la instalación de tabiques, nuevo techo, nueva instalación eléctrica, pintura, e instalación de nuevo baño. No consta si hay o no tele de plasma.
Aparte de que este sea un caso de evidente Zapa-trincamiento, lo que destacamos es, sobre todo, que una vez descubierto el pastel, el Ministro Rubalcaba, lejos de indignarse ante tal exceso, y exigir la dimisión inmediata de la culpable, mantuvo a la señora Gallizo en su puesto.
Y lo hizo porque estaba seguro de no encontrar a otra con tanto grado de afinidad.
Mientras la Gallizo va trincando y proponiendo excarcelar delincuentes con el beneplácito ministerial, Don Juan José Cortés, una de las personas que más ha admirado esta Redacción en 2008, ha vuelto a La Moncloa.
El señor Cortés es el padre de la niña Mari Luz Cortés, asesinada presuntamente (hay que decir "presuntamente" hasta que haya sentencia firme) por un delincuente que debía haber estado en la cárcel, pero que estaba en la calle indebidamente.
Aparentemente, la sentencia firme (nada menos que a 6 años de cárcel) que le condenaba, estaba sin ejecutar por un error judicial. Se trataba de una de las 270.000 sentencias penales penientes de ejecución en España.
No hay errata. 270.000 sentencias penales pendientes. Y los culpables, entre tanto quedan impunes de sus correspondientes delitos penales.
Lejos de perder la calma (cualquiera lo habría hecho), o de recrearse en su desgracia, y con una entereza para la que no cabe causa mejor, el señor Cortés decidió dar un paso al frente. Organizó una caravana para ir pidiendo firmas a favor de la cadena perpetua para los asesinos pederastas, con intención de evitar que otro niño sufra el triste destino de su propia hija.
Señores, todo el mundo en pie. Tenemos un héroe en la sala.
El asesinato de la pequeña Mari Luz había desatado una ola de indignación popular y de solidaridad con Don Juan José Cortés.
El Gobierno empezó a ver que su política penitenciaria, tan bien personificada en la figura de Mercedes Gallizo, estaba abierta a cuestión.
En ese momento, la Vicepresidenta María Teresa Fernández De La Vega se vió impelida a manifestar, ante un nutrido grupo de periodistas, que el "caso Mari Luz" se debía a un "gravísimo error judicial", lo cual justificaba que el Gobierno no quisera cambiar la ley. Ya.
Pero la caravana del señor Cortés seguía recorriendo España y la gente soportaba largas horas de cola para estampar su firma de apoyo en cada ciudad que visitaba.
En medio de aquella ola, el Presidente Zapatero decidió recibir a Don Juan José en La Moncloa, donde este le hizo entrega de más de 500.000 firmas de ciudadanos que apoyaban su iniciativa. También le entregó una foto de Mari Luz, para que pudiera ver de qué niña estaban hablando.
Allí, Zapatero se hizo una foto con Don Juan José, publicada puntualmente por toda la prensa al día siguiente, y asumió el "compromiso serio" para buscar medidas pertinentes.
Bueno, pues eso sucedió el 26 de Mayo de 2008. Han pasado más de 4 meses desde el Zapa-compromiso, y el Gobierno no ha tomado medida alguna.
Como referencia, os recuerdo que desde que se hizo público que los abortorios del Doctor Morín utilizaban máquinas trituradoras de carne para deshacerse de los fetos abortados a través de las alcantarillas (26 de Noviembre de 2007), el Gobierno no tardó ni 3 meses en modificar la ley para que los fetos de incluso 7 meses no fueran considerados "restos humanos" (7 de Marzo de 2008).
Por cierto, y para vuestra mejor comprensión del Zapa-sistema, os incluimos un foto de un feto de 28 semanas, que se puede meter Zapa-legalmente en una picadora de carne.Y ya que estamos, os aclaramos que se considera que un feto puede vivir fuera del útero a partir de las 24 semanas (por ejemplo, Gran Bretaña cambió su ley en este sentido en el ya remoto 1990).
Finalmente, y por aclararlo expresamente, no nos referimos en este artículo al aborto, que es un asunto muy serio. Nos referimos únicamente al hecho estricto de que el Zapa-gobierno no considera estos fetos como restos humanos, y os damos fotos y datos para que podáis juzgar vosotros mismos si lo son o no.
Bueno, pues volviendo a nuestro asunto, queda demostrado que cuando queremos, en 2 meses y 11 días podemos cambiar la ley. Pero, de alguna forma, el Gobierno ha estimado no posible o no prioritario hacer cambio legislativo alguno que proteja a la siguiente Mari Luz.
Entre tanto, ya se ha decidido la pena a imponer al juez autor del "gravísimo error judicial" (De La Vega dixit) que hizo posible el asesinato: 1.500 eurosde multa.
Es decir, que se ha quedado el juez sin tele de 46 pulgadas. Y como se le despisten 3 más, y maten a 3 niños más, pues se queda también sin Vespa. Toma ya justicia draconiana.
Bueno, pues ha llegado el otoño, y Don Juan José Cortés ha vuelto por Casa Zapa. En esta ocasión ha entregado al Presidente 2.300.000 firmas de españoles.
Zapatero se hizo una foto con Don Juan José, publicada puntualmente por toda la prensa al día siguiente,
¿Alguien quiere apostar sobre qué va a hacer el Zapa-gobierno con las firmas?
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